Por: Alejandro Ferreiro
Ministro de Economía

La competencia es buena.La rivalidad competitiva entre oferentes los conduce a buscar las mejores condiciones de precio y calidad. Los consumidores, razonablemente informados y libres para elegir, premian y castigan los productos y servicios disponibles generando un estímulo permanente a la mayor eficiencia de la economía. Simple y claro. De hecho, los reguladores saben que su función es subsidiaria de la competencia, puesto que no hay mejor regulador que un universo de usuarios lúcidos y capaces de "votar con los pies ". La regulación, asimismo, debe promover siempre la competencia.Incluso tratándose de monopolios naturales, la fijación de tarifas y calidad de servicios se basa en la simulación de condiciones de un mercado competitivo. La calidad de los mercados se mide, en síntesis, por la intensidad de su competencia.

En el "mercado "de las ofertas políticas, no se advierten razones para tener menos entusiasmo por la competencia. La calidad de las propuestas programáticas de los partidos, como su capacidad de concretarlas –al igual que en todo mercado- depende en buena parte del riesgo percibido de que otros competidores puedan conquistar cuotas crecientes de apoyo electoral. Mientras más desafiable sea el mercado político, mayor será la necesidad de satisfacer al público, afinando la sintonía entre la oferta y lo que la gente espera.

Promover la libre competencia supone reducir o eliminar las barreras de entrada,permitiendo que cualquiera pueda ofrecer un producto o servicio para competir con aquellos oferentes que se muestren ineficientes. La mera posibilidad de entrada, o competencia potencial, como se la conoce, tiende a disciplinar a los actores de un mercado.

Pues bien, ¿qué pasaría si se sometiera nuestro sistema electoral al examen del Tribunal de Defensa de la Competencia? ¿Cuántas de sus características –y barreras de entrada- serían consideradas anticompetitivas? ¿Aprobarían el examen nuestro sistema mayoritario binominal y la exclusión de minorías significativas,la reducción a dos candidatos por alianza en cada elección parlamentaria, las altas tasas de reelección, la escasa presencia de jóvenes, mujeres y representantes de sectores pobres o indígenas, las puertas cerradas para los independientes y la mínima inscripción de los jóvenes en los registros electorales?

En nombre de la estabilidad política -objetivo muy deseable, por cierto- se ha pagado, quizás,un precio excesivamente alto en los niveles de competencia y representación que son propios de la democracia. ¿Cuántos de esos cientos de miles de estudiantes secundarios que han sacudido al país con sus movilizaciones se inscribirán en los registros electorales al cumplir 18 años? Ellos han sido "ciudadanos en las calles": se han organizado, hecho escuchar y motivado respuestas de política pública de gran envergadura en torno al futuro de la educación en
Chile. Sin embargo, si se sigue la tendencia conocida, la gran mayoría optará por no inscribirse en los registros electorales, renunciando a ser ciudadanos en sentido estricto.

Parafraseando el título de una película chilena de principios de los 90, los estudiantes secundarios nos dicen que "hay algo allá afuera ". El desafío consiste en que ese "algo " –el movimiento social más masivo y sorprendente desde el retorno a la democracia- tenga cabida "acá adentro": que el sistema electoral los integre automáticamente, que las instituciones de la democracia se perciban más conducentes que la calle para reformar las políticas públicas. Se trata, en definitiva, de abatir las barreras de entrada al sistema político, favoreciendo la competencia y, con ello, mejorando la calidad y representatividad del proceso político chileno.

Sorprende que algunos partidarios de los mercados competitivos sean, sin embargo, tan defensores del "proteccionismo " en el mercado político. Un poco de consistencia en este campo no nos vendría nada de mal