30 de abril de 2006
Fuente: El Mercurio

MARÍA SOLEDAD ARELLANO
Centro de Economía Aplicada Universidad de Chile

Cuando era universitaria ir a tomar un helado era un panorama de lo más entretenido. Cuando mis ingresos mejoraron cambié el helado por una cena en un restaurante. Ese cambio refleja que un aumento en el ingreso normalmente cambia los bienes y servicios que las personas compran: unos sustituyen el jurel tipo salmón por verdadero salmón, otros, el vino en caja por vino reserva.

En los países ocurre lo mismo: en la medida que aumenta su nivel de ingresos, o su nivel de desarrollo -en jerga de economista- el país comienza a demandar bienes que en el pasado no le habían interesado. Entre éstos está la preocupación por el medio ambiente.

Hasta aquí, todo bien. El problema se presenta cuando olvidamos que comer en un restaurante es más caro que comer un helado de palito. ¿Adónde apunto con todo esto? A que se debe tener conciencia de que la preocupación por el medio ambiente no es gratis. Cumplir con los estándares más altos sube los costos de la empresa involucrada, los que serán traspasados a todos nosotros. En otras palabras, si queremos que las aguas sean tratadas antes de volver al mar, tenemos que aceptar que pagaremos más por el agua. Esto, que parece tan lógico, no parece ser aceptado: como sociedad pedimos cada día más, pero no estamos dispuestos a pagar su costo. Por ejemplo, queremos que los empresarios inviertan en nuevas centrales eléctricas y, a la vez, preservar el entorno natural de Aisén, pero también deseamos que la cuenta de la luz no aumente.

Como sociedad no hemos asumido que nuestros nuevos gustos son más caros. Otra explicación es que los estándares ambientales exigidos no reflejan correctamente las preferencias de la sociedad en su conjunto. En particular, tales estándares podrían reflejar las preferencias de grupos pequeños, aun cuando los costos asociados los paga toda la sociedad. En tal caso, debemos preguntarnos por el diseño de los requisitos ambientales.

Debido a los menores costos de organizar grupos pequeños con intereses comunes, y a los mayores beneficios -no necesariamente monetarios- que reciben en forma individual, es posible que las preferencias de una minoría se impongan sobre las de la mayoría. Por lo tanto, en el proceso de debate para imponer estándares medioambientales, no es claro que la normativa resultante maximice el bienestar de la sociedad. Esta visión explicaría además por qué las posiciones de un mismo grupo de interés frente a problemas relacionados con el medio ambiente difieren dependiendo de la industria que se esté analizando, como ocurriría en el caso de la eléctrica y la salmonera.

La autoridad debe preocuparse de exigir que los estándares maximicen los beneficios. Debe fiscalizar su cumplimiento en forma objetiva y oportuna. Un ejemplo: los tiempos que demora el otorgamiento de los permisos ambientales a la construcción y posterior operación de nuevas centrales eléctricas en el Sistema Interconectado Central. La demora en el inicio de las respectivas obras sólo contribuye a acentuar la fragilidad con que el sistema enfrenta la situación de suministro en el corto plazo... ¿estamos dispuestos a asumir los costos que ello implica?