16 de Abril de 2006
Fuente: El Mercurio
Por: Alejandro Ferreiro - Profesor Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez

El intenso debate acerca del "gobierno corporativo" ha puesto el foco en el rol de los directores. Mucho se ha escrito en torno al concepto de directores independientes y de la tendencia mundial a incrementar la carga regulatoria y responsabilidades de los directorios. El énfasis en los costos y beneficios de las regulaciones ha opacado un análisis más sustantivo que esconde algunas paradojas.

La primera es aquélla que contrasta la importancia de la preparación, estudio, diligencia, razonamientos y decisiones adoptadas por los directores, y la casi nula capacidad que tenemos de evaluar ese desempeño. Poco se conocen, y menos se aplican, algunos incipientes mecanismos de evaluación de los directores que permitan cuantificar el valor que aportan a la compañía. En Chile, por ejemplo, las AFP han intentado jugar un rol más activo en la promoción de buenas prácticas de gobierno corporativo, pero ¿cómo evaluar el desempeño del director elegido con sus votos? ¿Cómo distinguir ese desempeño con el del cuerpo colegiado usualmente dependiente del controlador?

Un buen gobierno corporativo depende mucho más de la gestión, compromiso, actitudes, capacidades y valores de los directores, que de lo que la ley o el regulador puedan hacer. Es más, algunos estudios recientes en Estados Unidos sugieren que es muy superior la destrucción de valor derivado de negligencia o carencia de liderazgo estratégico de los directores, que los daños atribuibles a los fraudes o ilícitos que la regulación busca prevenir. Ello sugiere que sería socialmente ineficiente aquella carga regulatoria que distraiga en exceso el tiempo y esfuerzo que los directores deben asignar a la creación de valor. Sería ésta la paradoja de la eventual sobrerregulación.

Una tercera es la severísima responsabilidad legal que enfrentan los directores y la casi nula aplicación práctica de ésta. Dice el artículo 41 de la ley de sociedades anónimas que "los directores responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad por sus actuaciones dolosas o culpables". Es decir, cada director puede verse enfrentado a pagar de su patrimonio la totalidad de los perjuicios. Esta norma, tan drástica en su redacción, ha sido muy excepcionalmente invocada en tribunales. Con optimismo podríamos atribuir este hecho a la no ocurrencia de hechos que lo ameriten. Creo, sin embargo, que parte de la explicación se debe a cierta pasividad de los accionistas y/o desconocimiento de sus derechos. Aún queda mucho por debatir sobre gobiernos corporativos. Hacerse cargo de estas paradojas es parte del desafío.