5 de Marzo de 2006
Fuente: El Mercurio

La medicina, pese a ser una disciplina científica, exhibe aún múltiples respuestas opinables, más propias de un arte que de una ciencia.

No cuestiono la prudencia de evitar afirmaciones tajantes en temas de suyo dudosos, relativos o carentes de evidencia suficiente que las soporte. Sin embargo, el riesgo inverso no debe desdeñarse. Cuando casi toda conducta o decisión parece plausible, nada resulta exigible, ni es posible distinguir diligencia de negligencia. La rendición de cuentas resulta arbitraria o imposible cuando el encargo se define con ambigüedad.

Parte de nuestra escasa cultura de rendición de cuentas puede atribuirse a la vaguedad en la definición de las tareas. Si éstas parecen admitir su ejecución bajo muy diversas formas y resultados, no es de extrañarse que los funcionarios encargados tiendan a verse más como autoridades dotadas de amplia discrecionalidad —incluso, para definir sus cometidos— que como servidores llamados a cumplir tareas predefinidas. ¿Cómo evaluar y exigir rendición de cuentas en este escenario?

Cuando se debate acerca de si los reguladores u otros jefes de servicio deben ser autónomos del Gobierno o designados por éste, se suele soslayar la importancia de precisar el mandato. Si la sociedad logra consensuar y precisar los diversos objetivos institucionales de un modo consistente con una efectiva rendición de cuentas, entonces los promotores de una mayor autonomía podrán defender —y de modo, quizás, incontrarrestable— la superioridad de una muy republicana trinidad: misión clara, rendición de cuentas y autonomía para cumplir el mandato legal.

Por el contrario, y mientras el mandato siga admitiendo variadas y hasta contradictorias formas de ejecución, no será razonable privar al Gobierno de la designación de quienes tendrán como parte de sus tareas, y paradójicamente, amplia libertad para definirlas.

Conviene, cada cierto tiempo, revisar las fronteras que delimitan el campo de las misiones legales precisas y el de las tareas cuya naturaleza recomienda mayor discrecionalidad política. La posibilidad de mejorar la calidad de la gestión pública mediante una efectiva práctica de rendir cuentas bien vale el esfuerzo.